En el marco del fortalecimiento institucional y la optimización de la gestión pública, el Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico ha celebrado en la jornada de hoy, 10 de abril, una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo. El encuentro, desarrollado en la sala plenaria de la institución, ha tenido como eje central la validación técnica del Plan de Acción para el Ejercicio Económico 2026, así como la fiscalización del cumplimiento de los objetivos del periodo precedente.
La sesión fue presidida por el títular del ramo Don Iván Bacale Ebe Molina, acompañado por el Viceministro, Don Pedro Abeso Obiang Eyang, en compañia de los consejeros presidenciales y los directores Generales del departamento.
El orden del día se ha estructurado en dos fases críticas, el cual fue presentado por el Ilmo. Sr. secretario General, Don Ambrosio Esono Angue. En primera instancia, se procedió a la lectura y aprobación del acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, datada el 31 de marzo de 2026, seguida de un informe detallado sobre el nivel de cumplimiento de las resoluciones previas. Este ejercicio de trazabilidad administrativa busca garantizar que los mandatos del Ejecutivo no solo se dicten, sino que se ejecuten con rigor técnico.
Posteriormente, el pleno abordó la evaluación del Plan de Acción 2025, analizando los indicadores de impacto y el nivel de ejecución presupuestaria, sirviendo de base comparativa para las proyecciones del nuevo ciclo económico.
Durante la presentación de las líneas de trabajo para el presente ejercicio, cada dirección general expuso sus metas operativas y cronogramas de actuación:
- Estudios, Contratos y Mercados del Estado:* Centrará sus esfuerzos en la divulgación y aplicación efectiva de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, buscando una mayor transparencia en los procesos de licitación.
- Contabilidad Pública:* Se ha marcado como prioridad la implementación de una
- contabilidad normativa y transparente para Organismos Públicos y Autónomas, apoyada en programas de formación técnica especializada.
- Holding GE: El plan contempla la restauración y fortalecimiento de la entidad, con un enfoque proactivo en la promoción de empresas mixtas estratégicas.
- Dirección General de Aduanas: La hoja de ruta se enfoca en la transformación digital mediante la optimización del sistema SIDUNIA, orientado a mejorar el rendimiento recaudatorio y agilizar el tráfico mercantil.
- Control Financiero: Propuso la actualización de la Orden Ministerial núm. 2/2023, para redefinir los requisitos administrativos en las solicitudes de libramientos y desbloqueos de fondos con cargo al Presupuesto General del Estado.
- Bancas, Seguros y Reaseguros: Los objetivos se centran en el control de indicadores de gestión, la implementación de seguros obligatorios y la actualización del marco reglamentario para las remesas de envío rápido de dinero
No obstante, la presentación de estos planes estuvo sujeta a un riguroso escrutinio en términos de viabilidad económica. "La eficiencia administrativa es indisociable de la disciplina fiscal. Todo proyecto o iniciativa que no cuente con una partida presupuestaria asignada debe ser estrictamente reajustado o, en su defecto, eliminado del cronograma operativo, seguia matizando el titular del ramo.
El Ministro fue enfático al instruir a los directivos sobre la necesidad de ejercer una prudencia administrativa extrema. Los puntos clave de su intervención técnica destacaron:
Ajuste Presupuestario: Prohibición de comprometer gastos en planes de acción con presupuestos elevados que carezcan de respaldo financiero real.
Priorización de Proyectos: Reorientación de los recursos hacia actividades que generen un retorno directo en la eficiencia de los servicios públicos.
Responsabilidad Fiscal: Cada dirección departamental deberá actuar como un filtro de contención del gasto, evitando la inflación de las necesidades operativas.
El Consejo ha concluido con un mandato imperativo hacia todas las direcciones departamentales: actuar como filtros de contención del gasto y priorizar únicamente aquellas acciones que garanticen un retorno directo en la eficiencia de los servicios públicos y la estabilidad financiera del país.