El constante esfuerzo realizado por el Gobierno en los últimos años para refundir, sistematizar y ordenar los tributos en nuestro régimen tributario, no ha impedido que la regulación de los mismos continúe ofreciendo una dispersión y complejidad que dificulta su conocimiento y aplicación, incidiendo, por tanto, en la seguridad jurídica de los administrados.
Además, nuestra situación económica actual, debido al creciente volumen de actividad pública y privada que ha conocido la sociedad ecuatoguineana en los últimos años, así como nuestra adhesión a Organismos y Organizaciones Internacionales en cuanto a la armonización de algunos conceptos tributarios, hace necesaria la revisión y actualización de las diversas tasas fiscales y precios públicos que establece la Administración Pública, como contraprestación a los servicios y bienes demandados por los ciudadanos.